El 7 de noviembre de 2022, activistas por los derechos de los animales protestaron frente a las oficinas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en México, acusando a este departamento del gobierno federal de “permitir la celebración de espectáculos taurinos” porque afirman que tales actividades son ilegales según la ley mexicana. Las organizaciones internacionales de protección animal AnimaNaturalis México y CAS International, afirman que las corridas de toros son ilegales en todo el territorio nacional porque la legislación federal de protección animal que existe no exceptúa a los toros en los espectáculos taurinos.
El artículo 19 de la Ley Federal de Sanidad Animal establece que los animales deben contar con “alimentación, higiene, transporte y albergue y en su caso entrenamiento apropiados” para “evitar su estrés y asegurar su vida y su salud”. Además, el artículo 20, sección I, establece que los animales no deben experimentar ““temor, angustia, molestias, dolor y lesiones innecesarios”“. El artículo 23 establece que el sacrificio “de cualquier animal no destinado al consumo humano, sólo estará justificado si su bienestar está comprometido por el sufrimiento que le cause un accidente, enfermedad, incapacidad física o trastornos seniles”. Los toros en las corridas de toros son torturados hasta la muerte en flagrante desprecio de todos estos artículos, y los activistas afirman que no están específicamente exentos de estas leyes (que son obligatorias para las autoridades federales, estatales y municipales).
A pesar de que las organizaciones se han quejado ante las autoridades sobre esto, solicitando realizar inspecciones y documentar lo que sucede en las corridas de toros, en el momento de la protesta no habían recibido ninguna respuesta. Dicen que, si el Senasica no responde a sus preocupaciones, van a llevar a cabo más protestas.
Las corridas de toros ya están prohibidas en varios estados y municipios mexicanos, e incluso la Ciudad de México no organizará corridas de toros este año, ya que hay un proceso legal en curso sobre su constitucionalidad. Sin embargo, hay otros estados donde la práctica sigue siendo popular, por lo que puede ser necesaria una intervención federal para abolirla.
